El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley
para modificar la valoración de los daños y perjuicios sufridos en accidentes
de tráfico.
El Ministerio de Justicia estima que la modificación
de las indemnizaciones por muerte de la víctima se incrementarán una media del
50% y las indemnizaciones por secuelas en torno a un 35%.
Esta reforma
pretende individualizar el daño prestando atención a las circunstancias
personales, familiares y económicas del perjudicado.
Así, la muerte un
padre de familia con unos ingresos netos anuales de 38.000 euros que deje una
viuda y tres hijos menores de 12 años supondría una indemnización de 671.480
euros, cuando hasta ahora era de 355.519 euros.
En cuanto a las
secuelas, una profesional con unos ingresos de más de 60.000 euros anuales que
sufriera una amputación parcial en una pierna en un accidente de tráfico
recibiría con esta reforma más del doble de indemnización que hasta ahora, al
pasar de 350.000 a 750.000 euros.
Algunos de los
cambios que incluye el nuevo proyecto son el resarcimiento de los gastos de
tratamiento de lesiones por parte de las aseguradoras y la modificación del
cálculo de las indemnizaciones a las víctimas.
Esta modificación de
los baremos de indemnizaciones venía siendo reclamada por las asociaciones de
conductores y víctimas de tráfico como una necesidad urgente. De hecho, el
pasado mes de marzo alegaban que ‘las víctimas no pueden esperar más’, por lo
que establecieron como fecha límite para la entrada en vigor de la nueva ley el
1 de enero de 2016.
El Ministerio de
Justicia ha anunciado que el nuevo baremo analizará más en detalle los
criterios que determinan la cuantía de la indemnización en materia de
resarcimiento de gastos. Además, pretende ‘racionalizar’ el cálculo del ‘lucro
cesante’, es decir, la ganancia legítima por parte de la víctima. Para hacer
efectiva esta racionalización, se implantará un nuevo modelo procedente del
ámbito de los seguros que determinará la indemnización correspondiente.
Una reforma que, ha
señalado, tiene también como objetivo reducir la judicialización de los
accidentes, así como generar ‘estabilidad’ entre las compañías de seguro y, al
mismo tiempo, ‘evitar efectos incrementalistas o de aumento de las cuotas de
las pólizas de seguro’.
Fuente: autopista.es
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