La polémica ha surgido recientemente por una propuesta de ley presentada por el Partido Laborista Británico donde se solicitaba prohibir que se fume en los coches que tengan ocupantes menores de 18 años.
La propuesta fue aprobada por la cámara de los Comunes británica por una mayoría aplastante de 376 votos a favor frente a 107 que se opusieron.
La iniciativa partió de un grupo de 700 médicos y de personal sanitario que publicaron un artículo en el British Medical Journal en el que se relaciona con 300.000 casos anuales de atención primaria, 9.500 ingresos hospitalarios, 200 casos de meningitis bacteriana y 40 muertes súbitas infantiles relacionadas con la inhalación del humo del tabaco.
Además, la propuesta cuenta con un importante apoyo popular. En un reciente sondeo, casi el 80% de los adultos británicos se posicionó a favor de prohibir fumar en los coches en los que hubiera niños. Tanto los niños como los ancianos son los colectivos más vulnerables de convertirse en fumadores pasivos, y ciertos estudios demuestran que fumar dentro de un vehículo provoca una contaminación tres veces superior al máximo considerado como normal por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la calidad del aire interior
Canadá, Estados Unidos, Australia, Chipre o Sudáfrica ya han adoptado medidas en este sentido. Pero, ¿se puede hacer cumplir y controlar una medida que da de pleno en una de las parcelas de la vida privada de los ciudadanos? Los contrarios a la enmienda ven difícil hacer cumplir la norma y vigilar y controlar su cumplimiento. Las normas están para regular el correcto funcionamiento de una sociedad, pero sin campañas informativas y de educación que nos hagan ver las consecuencias, daños y la incidencia que puede tener que se fume en el coche mientras haya niños puede que no se tome conciencia y no se cumpla algo que pueda entrar dentro de la lógica y el cuidado de los más pequeños.
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