Los fondos de la
ayuda económica se han agotado en un 75 % antes de su inicio, ya que se ha
registrado pre-reservas por importe de más de 130 millones de euros.
La séptima edición del Plan PIVE, aprobada el pasado viernes en el Consejo de
Ministros y con una dotación presupuestaria de 175 millones de euros, entra en
vigor este lunes, tras su publicación este sábado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE). La puesta en funcionamiento de este plan de incentivo a la compra
de coches nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo se produce después de que
el pasado mes de noviembre se agotaran los fondos del Plan PIVE 6.
El Gobierno decidió
extender la sexta edición del PIVE, de forma que los conductores podrían seguir
solicitando las ayudas de 1.000 ó 1.500 euros con cargo a la dotación de 175
millones de euros para el Plan PIVE 7, recogida en los Presupuestos Generales
del Estado de 2015. Así, según las estimaciones del Gobierno, los fondos del
PIVE 7 se han agotado en un 75% antes de su inicio, ya que se ha registrado pre-reservas
por importe de más de 130 millones de euros. Desde el sector se prevé que los
fondos restantes no lleguen a abril.
Sensibles cambios
El nuevo PIVE mantiene
las mismas características y ayudas de las ediciones anteriores del programa,
aunque cuenta con sensibles novedades, principalmente en lo referente a
requisitos mínimos de posesión del coche a achatarrar. El primero de los
cambios del Plan PIVE 7 respecto a los previos es la obligatoriedad de que el
beneficiario de las ayudas tenga la titularidad del coche a achatarrar durante
al menos el año anterior a la compra del automóvil nuevo.
Por otro lado, la
segunda de las modificaciones que incorpora este nuevo programa de renovación del
parque es que para poder acogerse a las ayudas a la compra el automóvil que se
dará de baja deberá tener en vigor la ITV a la entrada en funcionamiento del
Real Decreto.
El importe de las ayudas
se mantiene sin variación, de forma que el Gobierno aportará 1.000 euros a la
compra de un coche nuevo y 1.500 euros en el caso de que sea un vehículo de más
de cinco plazas por parte de familias numerosas o para discapacitados. Estas
cuantías se deben al menos igualar por parte de los fabricantes.
Fuente: Europa Press
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